ABORTO LEGAL: EL DEBATE SE ABRE PASO EN MÉXICO; 28 ESTADOS AÚN LO CRIMINALIZAN

 

 

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- El debate sobre la despenalización del aborto se abre paso con la nueva configuración política en el país.

La llegada de Morena —partido identificado con ideologías de izquierda y con mayoría en la nueva legislatura y en 19 estados —revive la discusión con la probabilidad de que el tema sea analizado y discutido en los próximos meses.

La futura secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, así como legisladores de Morena y el PRD han manifestado su postura a favor de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, sin que tengan que ser encarceladas.

Una de ellas es Lorena Villavicencio, quien anunció que este martes presentará una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para que la interrupción del embarazo sea legal si se practica antes de las 12 semanas de gestación, como ocurre en la Ciudad de México.

“Sobre las mujeres cae el peso de la maternidad obligatoria y el rechazo, culpa ante el deseo de no ser madre. Se penaliza el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y sobre nuestro derecho a elegir la maternidad”, dijo en conferencia de prensa.

La iniciativa llega a casi un mes de que decenas de mujeres mexicanas salieran con sus pañuelos verdes para exigir aborto legal, seguro y gratuito en el país y a manifestar su apoyo a las mujeres de Argentina.

Entre las cifras y el respaldo que tiene el debate sobre el aborto, también hay voces como el Frente Nacional por la Familia y el Comité Nacional Provida que buscan que las medidas que prohíben la interrupción legal del embarazo se mantengan.

¿Cómo están las legislaciones?

El aborto actualmente se penaliza con cárcel en 28 de los 32 estados del país, con penas que oscilan entre los 15 días y los seis años de prisión. En todos los casos, hay causales permitidas como violación o cuando la vida de la mujer está en peligro.

En Chiapas y Veracruz las mujeres son sometidas a “tratamientos integrales”, según sus Códigos Penales, mientras que en Michoacán se les impone de seis meses a un año de trabajos comunitarios.

 



 
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